El hecho que derivó en el fallo ocurrió el 1º de febrero de 2001, cuando una parturienta, María Luciana D, llegó al centro asistencial con contracciones y fue atendida por la residente. La madre era primeriza, pero había cursado su embarazo sin inconvenientes. La bebé, Agustina M., nació con 3.150 kilos, pero no lloraba ni se movía.
En la historia clínica se dejó constancia de que la bebé había sufrido dolor prenatal y falta de oxígeno, lo que derivó en una parálisis cerebral permanente, le generó una parálisis permanente y la mantiene postrada hasta el día de hoy, en que ya tiene 16 años.
Según surge de las actuaciones, la joven profesional atendía aquella madrugada —la madre entró a la sala de parto pasada la 1 del 2 de febrero— todos los partos que llegaban al hospital, junto con otra residente que cursaba el tercer año, aunque no quedó acreditado que en momento del parto haya estado supervisada por esa profesional, aunque sí que no hubo intervención en el parto de ningún médico habilitado por la especialidad
Tanto la mamá como Máximo M., padre de la pequeña, iniciaron acciones legales contra la médica que atendió el parto.
Los peritajes realizados por un neurólogo y un obstetra determinaron que la responsabilidad del daño era de la joven residente y del Estado, este último por no controlar ni supervisar debidamente el acto médico.
Responsabilidad del Estado
A partir de esto, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6 desestimó la responsabilidad de la médica al considerar que se vio sobrepasada por las mismas condiciones de trabajo. Los jueces argumentaron que el trabajo de los residentes tiene como objetivo completar los conocimientos de los graduados en ciencias médicas y capacitarlos para el ejercicio profesional, siempre dirigidos y supervisados por médicos de carrera con trayectoria en la especialidad.
Textualmente, los magistrados afirmaron que “se dejó a una residente de primer año a cargo de una tarea que excedía su preparación y a la paciente en manos de una profesional sin la formación suficiente”.
Los responsables del tribunal pidieron además que el Colegio de Médicos y el Ministerio de Salud de Santa Fe presenten informes sobre la implementación de las residencias, con acento en las de ginecología y obstetricia.
El fallo, fechado el 29 de noviembre con las firmas de los jueces Analía Mazza, Luciano Juárez y Horacio Allende Rubino, condena a la provincia a pagar 875 mil pesos a la mamá, 625 mil al padre y 3.417.000 a la víctima (4.917.000 en total) más intereses, y a abonar las costas totales del juicio. El fallo es apelable, y se estima que la provincia echará mano a este recurso.
Fallo “ejemplar”
“Este es un fallo ejemplar, que viene a romper con varios mitos en torno a los juicios por mala praxis médica. El primero es que los jueces temen fallar contra los médicos, algo cuya falsedad quedó demostrada. El segundo mito es que estos juicios no se ganan, y el tercero, a que las indemnizaciones son magras”, manifestó a LaCapital el abogado Horacio López Miró, patrocinante de los damnificados.
El profesional manifestó, tal como quedó establecido en el fallo, que “la médica residente estaba desbordada, corría de una cama a la otra y no advirtió que la paciente estaba en una situación crítica. La niña sufrió una parálisis cerebral irreversible”.
Mano de obra barata
El tema de los médicos residentes y el trabajo demoledor al que se ven obligados a realizar por una mala remuneración no es un tema nuevo, y en algunos casos parece prolongarse hasta la actualidad. Desde el Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), el sindicato que nuclea a los profesionales, Sandra Taboada lo explica en estos términos: “Afortunadamente, las nuevas generaciones comenzaron a poner algunos límites, sobre todo a las cargas horarias, porque un residente puede estar 24 horas de guardia y capaz que tiene que volver a trabajar al día siguiente. Pero es real que estos jóvenes son usados como mano de obra barata”.
La dirigente contó que “uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de discutir los convenios de trabajo está en la definición del médico de guardia, porque nosotros decimos que tiene que ser un matriculado y los sanatorios las cubren con médicos residentes. Nosotros insistimos con que, el que está a cargo, debe ser matriculado y con experiencia en clínica general que terminó su formación académica”.
Y además, insistió con que “la carga horaria se disminuyó en la salud pública, pero en la privada al que abre la boca lo echan y pierde la evaluación del centro donde trabajó, la que es imprescindible para después rendir la especialidad”. Y abundó: “El residente se está formando, siempre tiene que tener a un especialista cerca. Pero es usado asistencialmente y muchas veces se desborda”.
A 16 años del hecho que derivó en el reciente fallo, algunas cosas cambiaron, pero no mucho.
“Aunque hoy se están poniendo algunos límites, los residentes son usados como mano de obra barata”
