Cobro de atención médica a extranjeros: el Ministerio de Salud evalúa un proyecto de ley para unificar políticas provinciales

El Ministerio de Salud de la Nación está considerando un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para el cobro de servicios de salud a ciudadanos extranjeros no residentes en Argentina. Actualmente, provincias como Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza han implementado medidas similares con el objetivo de equilibrar los gastos del sistema sanitario nacional.

La reciente incorporación de Jujuy a este grupo se materializó a través de la aprobación de la Ley 6.116, que permite a la provincia cobrar por consultas, internaciones y tratamientos, exceptuando las emergencias, que permanecerán gratuitas. Esta normativa, aunque sancionada en 2019, no se había reglamentado hasta ahora debido a un acuerdo de asistencia sanitaria recíproca con Bolivia.

La iniciativa del Ministerio busca fortalecer la gestión del sistema de salud, permitiendo que las provincias definan sus prioridades y acciones en función de sus contextos específicos. Según el ministro de Salud, Mario Russo, esta medida es parte de un esfuerzo para optimizar recursos y mejorar la eficiencia del sistema sanitario, el cual ha enfrentado un significativo desbalance debido a la atención médica brindada a personas no residentes.

Las provincias que ya han implementado estas políticas han observado una reducción notable en la atención a extranjeros, en particular a aquellos provenientes de países vecinos. Salta, por ejemplo, ha establecido un tarifario detallado, logrando un ahorro importante y disminuyendo la práctica de “tours sanitarios”. Mendoza y Santa Cruz han seguido esta tendencia, estableciendo cobros que buscan recuperar fondos y garantizar el acceso equitativo al sistema de salud.

El gobierno nacional también ha señalado que otras provincias, como Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, están considerando la posibilidad de implementar medidas similares. Russo enfatiza que la prioridad del sistema de salud debe ser la atención a los ciudadanos argentinos, garantizando que haya recursos suficientes para la atención adecuada de la población local.

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